“La ley de querella particular surge de la lucha de organizaciones contra las violencias”
La diputada justicialista Jessica Ayala al referirse a la reforma del Código Procesal del Chaco, tras la aprobación de la ley de su autoría que otorga a las asociaciones civiles y fundaciones, como también a la secretaría de Derechos Humanos y de Género, rol de querellantes particulares en femicidios y casos de violencia de género, destacó el logro en la provincia.
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La verdad varias mujeres han contribuido por estar comprometidas en una fuerte lucha en las calles desde hace muchos años, y hemos dado una herramienta a ellas, para tener una legitimación activa que necesitan para participar en el proceso penal sea en hechos de violencia de género o garantizar los derechos humanos”, explicó la legisladora sobre la ley número 194 N que modificó el inciso “b” y “c” del artículo 12 de la ley 965-N del Código Procesal Penal.
La diputada recordó que durante la elaboración del proyecto surgió el vacío legal que tenían este tipo de delitos para las organizaciones que luchan a la par de las familias de víctimas de la violencia más extrema como son los femicidios y que no podían acompañan durante el proceso penal: Por el objetivo logrado, destacó la colaboración de la presidenta de la asociación Madres del Sol, Norma Almirón, como al juez Víctor del Río y el fiscal Sergio Cáceres Olivera.
El próximo objetivo
Por otra parte, precisó que aún permanece en comisión para su análisis el proyecto de ley 336/20 que tiene como objetivo debatir y visibilizar la violencia obstétrica: “Buscamos hacer visible lo invisible, que es este tipo de violencia que existe durante un mayor estado de vulnerabilidad y analizando números de observatorios de Buenos Aires o de Rosario, indican que en el Chaco solo el 1,2 por ciento de las mujeres que sufren violencia obstétrica hacen denuncia, el 81 por ciento a nivel nacional lo hace por los malos tratos recibidos durante el periodo de embarazo y el 41 por ciento por la falta de información”, expuso Ayala.
Por otra parte se refirió a las políticas públicas a través de las trabajadoras sociales de llegar a los lugares más alejados de la capital, para que el estado provincial “esté presente en la promoción y educación en las comunidades originarias, donde las mujeres sufren maltratos durante controles prenatales lo que hace dejen de asistir a la consulta, poniendo en riesgo la salud”.
La autora del proyecto dejó en claro que “buscamos militar esta ley en todo el territorio” y dejó en claro que su iniciativa “no es contra nadie, sino es una manera de seguir educándonos y que hoy ciertas conductas implican violencias y es una situación de vulnerabilidad que no distingue edad, posición económica y social, donde la padecen no solo en el sector público, también en el sistema de salud privado”.
Por último sostuvo que “si una mujer decide parir, no debe sentirse indefensa y en esa situación donde existe una relación asimétrica de poder, pueda reconocer y ejercer sus derechos”.
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